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Andalucía cuenta con 235 ganaderías de lidia y más de 27.000 vacas que pastan en 200.000 hectáreas de dehesa, dedicadas prácticamente en su totalidad a la cría del toro bravo. A la crisis que vive el sector en los últimos años le ha dado la puntilla la llegada de la pandemia y el cierre total de las plazas de toros desde marzo del pasado año.

 

En el año 2019, se celebraron más de 1.500 festejos taurinos en toda España, lo cual ya significa una caída de más de un 60% respecto de los 3.643 del año 2007. Sin embargo, la ruina ha llegado al sector durante los últimos 14 meses, en que estos espectáculos han estado cancelados.

 

Son muchos los sectores dependientes de estos festejos taurinos que han sufrido la inactividad, pero, si duda, el que más ha notado las consecuencias de este parón es el sector ganadero, conformado en su inmensa mayoría por empresas familiares de pequeño tamaño, con menos de 60 cabezas de ganado por explotación.

 

 

En todos estos meses, los ganaderos han mantenido sus explotaciones y han tenido que seguir sufragando los gastos de alimentación, saneamiento y personal, sin poder cerrar sus empresas como otros sectores e, incluso, sin poder acogerse a ERTE como otras ramas de la ganadería. El coste medio anual se eleva a los 1.135 euros por vaca, una cuantía que no se ha visto reducida por la pandemia. En cuanto al toro bravo, el coste de producir uno de estos animales es de más de 5.000 euros. Sin embargo, la desesperación ha llevado a estos empresarios a malvenderlos como carne a menos de 500 euros por cabeza.

 

La situación no tiene precedentes. Ni las enfermedades animales de la ‘lengua azul’ o las ‘vacas locas‘, ni ningún otro daño o amenaza a la cabaña de bravo han logrado lo que ha conseguido el covid-19: reunir a las cinco asociaciones ganaderas de bravo con presencia en Andalucía —la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Asociación de Ganaderos de Raza de Lidia, la Asociación de Ganaderías de Lidia, la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas y Ganaderos de Lidia Unidos—.

 

Todas se han aglutinado en la Plataforma Toro Bravo Andaluz, constituida por estas asociaciones gestoras del libro genealógico “para pelear por la supervivencia de las 235 ganaderías y las 28 líneas y encastes de ganado de lidia que desde el campo andaluz suponen la base de la más universal de nuestras fiestas”.

 

 

Para reclamar ayudas al sector, la plataforma y la asociación agraria Asaja encargaron a la Universidad de Córdoba un estudio del sector y de las pérdidas generadas en el último año. Según este informe, el 20% de las ganaderías de bravo de la región ha quebrado en 2020 y se ha visto obligado a sacrificar toda su cabaña ante las dificultades económicas y las escasas perspectivas de futuro, puesto que la incertidumbre es la nota dominante en 2021, donde de momento siguen sin estar asegurados las ferias y los espectáculos taurinos, el destino comercial de los toros bravos.

 

Según el estudio, hay 103 actividades económicas implicadas en el sector ganadero del toro bravo, con 54.000 puestos de trabajo asociados y del que dependen especialmente 130 municipios de Andalucía, Extremadura, Castilla y Madrid, con 500.000 hectáreas en toda España dedicadas al ganado bravo.

 

 

En cuanto a las ayudas públicas con las que cuenta el sector ganadero, tan solo ha podido acogerse a una línea de apoyo específica para el covid que ha resultado insuficiente para enjugar las pérdidas y evitar la quiebra de muchas explotaciones. En concreto, esa medida solo ha permitido sufragar 50 de los 1.135 euros de coste estimado por vaca.

 

El presidente de Asaja-AndalucíaRicardo Serra, y el representante de la Plataforma del Toro Bravo Andaluz, Rafael Tejada, participaron en la tarde de ayer en Sevilla en una jornada sobre “el ganado de vacuno de lidia en la nueva etapa poscovid”, que se celebró en un abarrotado salón de actos de la Caja Rural del Sur, donde se dieron cita numerosos ganaderos de la región.

 

 

En la sesión, el secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, anunció que la próxima semana se publicará en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la aprobación de las ayudas para el sector ganadero de toro bravo, que podrán solicitar los titulares de estas explotaciones hasta el próximo 7 de julio. El Ejecutivo de Juanma Moreno destinará cuatro millones de euros a estas ayudas, el 50% de los cuales se pagará este mismo año y la otra mitad en el primer trimestre de 2022.

 

 

Estas ayudas podrían ascender inicialmente a 300 euros por animal elegible; es decir, por cada ejemplar de especie bovina registrado en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía a fecha de 14 de marzo de 2020 como “hembra de lidia”, mayor de 42 meses y que haya parido un ternero de la misma raza en los últimos 12 meses. Sin embargo, esta cuantía podría incrementarse hasta rondar los 600 euros en función de las características de la explotación. En cuanto al número de cabezas subvencionables, los incentivos se concederían a un máximo de 120 animales por beneficiario, según explicó el jefe de servicio de Seguimiento de la PAC de la Junta, Agustín García de Tena, que ofreció algunos detalles técnicos de las ayudas y del sector.

 

Por su parte, el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, explicó el Plan Integral para el Fomento del Toro Bravo que prepara el Gobierno andaluz tras varios encuentros entre representantes de las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Educación y Deporte, y Cultura y Patrimonio Histórico.

 

“Este plan persigue crear un espacio de trabajo para abordar de una manera integral la defensa y promoción del toro bravo desde diferentes vertientes, como la social, económica, cultural o educativa”, explicó.

 

 

Entre las primeras cuestiones abordadas en el plan, se encuentran las diferentes líneas de ayudas y subvenciones impulsadas por la Consejería de Agricultura a través de fondos propios y otros procedentes de la Unión Europea, así como su apuesta por la armonización de una política de apoyo a la ganadería del toro bravo como raza autóctona e identitaria de la comunidad autónoma, desde una perspectiva de tratamiento ecológico de este tipo de explotaciones y vinculada al estudio de proyectos de absorción de CO₂.

 

Precisamente, una de las prioridades del sector es lograr un nuevo enfoque de las ayudas agroambientales de la PAC con un diseño que permita el encaje de este tipo de ganaderías singulares. De hecho, el pleno del Parlamento Europeo ha pedido que la política agrícola común (PAC) que entrará en vigor en 2023 hasta 2027 no conceda ayudas asociadas para la cría de toros cuyo destino final sea su venta para actividades relacionadas con la tauromaquia.

 

En concreto, el pasado mes de octubre, aprobó una enmienda que establece que “la ayuda a la renta asociada excluirá proporcionalmente el número de cabezas de ganado vacuno cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con las corridas de toros, tanto por venta directa como a través de intermediarios”.

 

La enmienda salió adelante con 335 votos a favor, 297 en contra y 60 abstenciones, gracias al apoyo cosechado en el grupo de Los Verdes (impulsores de la misma), la izquierda y gran parte del grupo socialista. De hecho, casi todos los eurodiputados del PSOE votaron a favor y solo dos lo hicieron en contra: la andaluza Clara Aguilera y el extremeño Nacho Sánchez Amor. Por su parte, los eurodiputados del PP, Ciudadanos, Vox y PNV votaron en contra, mientras que Unidas Podemos, JxCAT, Catalunya En Comú, Bildu y ERC apoyaron la iniciativa.

 

 

Fuente: El Confidencial

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